U.S. Congress speaks out

In marked contrast to the conspicuously silent Trump administration, 47 members of Congress, led by representatives Norma Torres and James McGovern, have signed a letter condemning the Guatemalan government’s “pattern of anti-democratic behavior.”

Warning that, absent a strong U.S. response, “Guatemala will descend into lawlessness”, the lawmakers implore the Trump administration to immediately take the following actions:

  • Publicly condemn the Guatemalan government’s blatant disregard for the rule of law and urge the government to change course;
  • Suspend assistance for, and equipment transfers to, the central government of Guatemala. The suspended assistance should be redirected to non-governmental programs that directly benefit the Guatemalan people.
  • Utilize the authority provided in the Global Magnitsky Human Rights and Corruption Accountability Act to hold corrupt Guatemalan government officials accountable through travel and financial sanctions;
  • Strongly and publicly support human rights defenders and civil society organizations throughout the country in their exercise of fundamental rights.
2019.01.07-Letter-to-President-Trump-re-Guatemala

Carta abierta – Apoyo a la CICIG

Guatemala, 7 de enero de 2019

Sr.
Antonio Guterres
Secretario General
Organización de Naciones Unidas

Sr. Guterres

Las organizaciones y personas abajo firmantes hemos sido parte de la lucha contra la impunidad y la corrupción por años; todas realizamos esfuerzos por impulsar los Acuerdos de Paz y, desde ese compromiso, apoyamos a la CICIG y su trabajo. Guatemala se ha empobrecido mientras la corrupción y el crimen organizado ha enriquecido a los grupos responsables de la exclusión así como a una clase política sorda a las necesidades del país.

La labor de la CICIG en transferencia de capacidades desde su inicio, propuestas de reformas -incluidas las reformas constitucionales- y los importantes avances en persecución penal de estructuras criminales –incluidas CIACS- nos han fortalecido como sociedad y permitido mejorar nuestros esfuerzo por el cambio.

Una alianza de corruptos, organizaciones criminales y CIACS han tomado control de los poderes del Estado y desde el Ejecutivo y un sector del Legislativo pretenden atentar contra la Constitución desacatando las resoluciones del máximo tribunal constitucional; utilizando una disputa con la CICIG como excusa para detener no solo los avances en materia de justicia sino también en la exigibilidad y vigencia de DDHH. Esto se ha evidenciado en la crisis institucional generada el 5 y 6 de enero donde el aparato estatal hizo todo lo posible para desobedecer órdenes constitucionales para impedir el ingreso de un investigador de la Comisión.

Ante esta situación, como guatemaltecos y guatemaltecas y como miembros de los pueblos originarios Maya, Xinca y Garífuna le pedimos que confirme el nombramiento de la persona que ocupará la Comisión Adjunta de la CICIG; así como apoye el retorno de Iván Velásquez al país ya que varios jueces y la Corte de Constitucionalidad han tomado decisiones en el marco de la ley para defender los avances en contra de la impunidad y confirmar que la CICIG debe seguir trabajando y no puede impedirse el ingreso de ninguno de sus miembros.

En sus relaciones con representantes de Guatemala, tome en cuenta que toda acción formal que realicen en contra de órdenes constitucionales expresas carece de legalidad y de legitimidad

Nosotros reconocemos que el Secretario General no trabaja para uno o varios gobiernos; sino para los pueblos del mundo. Por ello, le solicitamos que sea firme en su apoyo a la paz en Guatemala manteniendo su respaldo a la CICIG y apoyando que todos su funcionarios regresen al país.

Carta-Guterres-070119

Carta Abierta al Secretario General de la ONU – Respaldo al CICIG

Las firmantes consideramos que esta decisión del Presidente Morales amenaza los avances alcanzados en la persecución de grupos criminales partícipes de abusos de poder y violaciones de derechos humanos. La forma en que el anuncio fue hecho, con fuerte presencia militar alrededor del Presidente, en la capital y otras ciudades del país, hace temer a los guatemaltecos el retorno al pasado reciente de terror militar y se interpreta en la sociedad civil como una amenaza al ejercicio de los derechos civiles y políticos y del derecho a defender derechos humanos.

Por esta razón, Excelencia, pedimos a usted realizar todas las gestiones a su alcance para que se garantice la continuidad del trabajo de la CICIG y su Comisionado Iván Velásquez en condiciones de libertad, seguridad y sin represalias de ningún tipo.

Carta_Apoyo_CICIG

Article: Lessons From Guatemala’s Commission Against Impunity

“No more corruption.” Photo by Jorge Dan Lopez/Reuters

by Matthew M. Taylor
Council on Foreign Relations

Guatemala has made notable gains in the fight against corruption and impunity in the last decade. President Otto Perez Molina resigned in 2015 and was tried and jailed on charges of corruption, alongside his vice president and several ministers. Several prominent criminal figures have been extradited to the United States, including another former president, Alfonso Portillo. Supreme Court justices and members of congress have been removed from office, drug lords jailed, and extortion rings dismantled. The overall impunity rate for homicides fell from 95 percent to 72 percent between 2006 and 2012.

Bodies such as CICIG can help combat deeply embedded criminal networks that threaten economic development, the rule of law, and the sustainability of fledgling democracies. But they are not a panacea, and their effectiveness will require a strategic approach that prioritizes the long-term development of home-grown capacity.

Central to these efforts is the International Commission Against Impunity in Guatemala (known by its Spanish acronym, CICIG), an independent body with investigative and prosecutorial powers set up by the United Nations and Guatemala. Headed by an appointee of the UN secretary-general with funding and staff from several donor countries, it has slowly grown in power and capacity, cooperating successfully with local prosecutors in cases against high-level political figures, as well as in drafting important criminal justice reforms. In an environment marked by weak institutions and extensive impunity, CICIG has been an extraordinary governance innovation.

Read the comprehensive report at the Council on Foreign Relations website.