Laguna Larga – Un Año Sin Respuestas

Laguna Larga

El 2 de junio de 2017, alrededor de 150 familias de la comunidad Laguna Larga, ubicada en Laguna del Tigre, del municipio de San Andrés Petén, se vieron obligadas abandonar sus hogares, después de conocer que al día siguiente estaba programado un operativo masivo para desalojarlos de la comunidad donde vivían desde 2003.

Usando el argumento que la zona está designada como una “área protegida,” el Estado organizó un contingente de más de 1500 efectivos de la Policía Nacional Civil y Ejército, acompañado por varias instituciones estatales, para expulsar a las familias del lugar.

Las familias de Laguna Larga se llevaron solo parte de sus pertenencias y se establecieron en el limite fronterizo entre Guatemala y México. Montaron champas con nylon y palos. Las comunidades fronterizas de Chiapas fueron las primeras en manifestar su solidaridad y apoyar a las familias desplazadas, seguidos de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y Voces Mesoamericanas. Las alertas por crisis humanitaria se despertaron a nivel nacional e internacional.

Una casa saqueada por el Estado
Las pertencias dejadas por una familia forzada a huir

El 10 de junio de 2017, las organizaciones no gubernamentales de México: Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C. y Resistencia Civil de Candelaria, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- Medidas Cautelares a favor de la comunidad de Laguna Larga.

Un mes después, el diputado al Congreso de la República, Leocadio Juracán, conformó una Comisión de Verificación e Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad Laguna Larga, integrada por la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Defenders Project y la senadora española Sara Vilá.

Esta Comisión en su informe certificó que la comunidad enfrenta una crisis humanitaria, que puede llegar a convertirse en un desastre humanitario si no se toman las medidas necesarias. Afirmó que el desalojo se irrespetó a los estándares internacionales y a las garantías del debido proceso. Señaló que las autoridades contravinieron una orden del Juez de Paz del municipio de San Benito Petén, quien había prohibido expresamente la destrucción de infraestructura. La Comisión al llegar al lugar en donde estaba la comunidad observó la destrucción de viviendas, saqueo de las iglesias y ocupación de la escuela construida por la comunidad.

Una casa quemada de Laguna Larga
Las cenizas de una casa quemada en la comunidad de Laguna Larga

En la visita in loco que la CIDH hizo a Guatemala en el mes de agosto de 2017, una comisión visitó a la comunidad desplazada y pudo observar la grave situación en la que se encontraba la población. Verificó también los daños y destrucción ocasionados en la comunidad por el ejército y la policía.

El 8 de septiembre la CIDH otorgó las Medidas Cautelares a favor de las familias, solicitando al Estado de Guatemala que tomara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal de las familias desplazadas, las condiciones sanitarias y de salud, la alimentación y agua potable, así como vestimenta y vivienda adecuada al clima en el que se encuentran. Así también que se garantizara su seguridad. La CIDH instó al Estado continuar con los diálogos y consultas correspondientes con la comunidad para alcanzar una solución duradera para su situación de vulnerabilidad.

Desafortunadamente, los procesos de diálogo con el Estado no han producido resultados favorables para las comunidades. Desde 2016, como contrapropuesta frente a las amenazas constantes de desalojos, las comunidades, Laguna Larga junto con más de 40 comunidades ubicadas en la Sierra Lacandón y Laguna del Tigre, presentaron al Estado una “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible”, que buscaba regular su permanencia en el territorio con el compromiso, entre otros, de ser ellos los protectores de la naturaleza.

Las comunidades presentaron su propuesta en el Congreso de la República y la entregaron a las diferentes instituciones con quienes se buscaba analizarla, discutirla y buscar en conjunto una salida definitiva a la problemática que enfrentan. Se inició entonces un proceso de diálogo, pero sin producir ningún acuerdo. El desalojo de Laguna Larga se da sin que la mesa de dialogo había concluida, demostrando así la falta de voluntad del Estado para buscar soluciones negociadas con las comunidades.

Una víctima inocente de Laguna Larga
¿Que pasarán con las y los niños de Laguna Larga?

A un año del desplazamiento forzado de las familias de Laguna Larga, éstas continúan sin tener respuestas concretas por parte del Estado de Guatemala. El gobierno continúa incumpliendo las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. Mientras, la situación de las familias se mantiene en situación crítica y de alto riesgo, subsistiendo y sobreviviendo por el apoyo solidario de la sociedad civil de México y Guatemala.