U.S. Congress speaks out

In marked contrast to the conspicuously silent Trump administration, 47 members of Congress, led by representatives Norma Torres and James McGovern, have signed a letter condemning the Guatemalan government’s “pattern of anti-democratic behavior.”

Warning that, absent a strong U.S. response, “Guatemala will descend into lawlessness”, the lawmakers implore the Trump administration to immediately take the following actions:

  • Publicly condemn the Guatemalan government’s blatant disregard for the rule of law and urge the government to change course;
  • Suspend assistance for, and equipment transfers to, the central government of Guatemala. The suspended assistance should be redirected to non-governmental programs that directly benefit the Guatemalan people.
  • Utilize the authority provided in the Global Magnitsky Human Rights and Corruption Accountability Act to hold corrupt Guatemalan government officials accountable through travel and financial sanctions;
  • Strongly and publicly support human rights defenders and civil society organizations throughout the country in their exercise of fundamental rights.
2019.01.07-Letter-to-President-Trump-re-Guatemala

Carta abierta – Apoyo a la CICIG

Guatemala, 7 de enero de 2019

Sr.
Antonio Guterres
Secretario General
Organización de Naciones Unidas

Sr. Guterres

Las organizaciones y personas abajo firmantes hemos sido parte de la lucha contra la impunidad y la corrupción por años; todas realizamos esfuerzos por impulsar los Acuerdos de Paz y, desde ese compromiso, apoyamos a la CICIG y su trabajo. Guatemala se ha empobrecido mientras la corrupción y el crimen organizado ha enriquecido a los grupos responsables de la exclusión así como a una clase política sorda a las necesidades del país.

La labor de la CICIG en transferencia de capacidades desde su inicio, propuestas de reformas -incluidas las reformas constitucionales- y los importantes avances en persecución penal de estructuras criminales –incluidas CIACS- nos han fortalecido como sociedad y permitido mejorar nuestros esfuerzo por el cambio.

Una alianza de corruptos, organizaciones criminales y CIACS han tomado control de los poderes del Estado y desde el Ejecutivo y un sector del Legislativo pretenden atentar contra la Constitución desacatando las resoluciones del máximo tribunal constitucional; utilizando una disputa con la CICIG como excusa para detener no solo los avances en materia de justicia sino también en la exigibilidad y vigencia de DDHH. Esto se ha evidenciado en la crisis institucional generada el 5 y 6 de enero donde el aparato estatal hizo todo lo posible para desobedecer órdenes constitucionales para impedir el ingreso de un investigador de la Comisión.

Ante esta situación, como guatemaltecos y guatemaltecas y como miembros de los pueblos originarios Maya, Xinca y Garífuna le pedimos que confirme el nombramiento de la persona que ocupará la Comisión Adjunta de la CICIG; así como apoye el retorno de Iván Velásquez al país ya que varios jueces y la Corte de Constitucionalidad han tomado decisiones en el marco de la ley para defender los avances en contra de la impunidad y confirmar que la CICIG debe seguir trabajando y no puede impedirse el ingreso de ninguno de sus miembros.

En sus relaciones con representantes de Guatemala, tome en cuenta que toda acción formal que realicen en contra de órdenes constitucionales expresas carece de legalidad y de legitimidad

Nosotros reconocemos que el Secretario General no trabaja para uno o varios gobiernos; sino para los pueblos del mundo. Por ello, le solicitamos que sea firme en su apoyo a la paz en Guatemala manteniendo su respaldo a la CICIG y apoyando que todos su funcionarios regresen al país.

Carta-Guterres-070119

Carta Abierta al Secretario General de la ONU – Respaldo al CICIG

Las firmantes consideramos que esta decisión del Presidente Morales amenaza los avances alcanzados en la persecución de grupos criminales partícipes de abusos de poder y violaciones de derechos humanos. La forma en que el anuncio fue hecho, con fuerte presencia militar alrededor del Presidente, en la capital y otras ciudades del país, hace temer a los guatemaltecos el retorno al pasado reciente de terror militar y se interpreta en la sociedad civil como una amenaza al ejercicio de los derechos civiles y políticos y del derecho a defender derechos humanos.

Por esta razón, Excelencia, pedimos a usted realizar todas las gestiones a su alcance para que se garantice la continuidad del trabajo de la CICIG y su Comisionado Iván Velásquez en condiciones de libertad, seguridad y sin represalias de ningún tipo.

Carta_Apoyo_CICIG

Front Line Award for Ixquisis

Front Line press conference

Front Line Defenders, the Ireland-based human rights organization, today recognized the communities of Ixquisis, in northern Huehuetenango, for their nonviolent defense of the environment.

Presenting its 2018 Award for Human Rights Defenders at Risk in the Americas, Front Line praised the communities’ “collective efforts and peaceful struggle to defend their rights to land and environmental justice.”

Joel Raymundo de Ixquisis“We are in a very difficult struggle, we are growing old, but we want the future generations -our families, our children- to be able to enjoy the blessings that God had given us so that we may live on this earth.”
– Joel Raymundo, Ixquisis defender

Front Line commended the communities’ work “in response to the grave human rights violations committed in the name of ‘economic development’ in Guatemala,” specifically the imposition of hydroelectric projects that are causing environmental damage and social conflict.

The government has authorities destructive mining and hydroelectric mega-projects in the region despite the widespread opposite from the 59 villages and 7 communities in the municipality. Human rights defenders in the Peaceful Resistance risk their lives to defend the territory. In 2017 alone, there were more than 75 reported attacks against defenders in the Peaceful Resistance including killings, shootings, harassment, and defamation campaigns. – Front Line

The Human Rights Defender’s Project congratulates the families of Ixquisis for this important recognition of their valiant struggle to defend their land, water, and environment!

Here is a brief, excellent video about the Ixquisis resistance (with English subtitles):

Nota_Front_Line_Ixquisis

Laguna Larga – Un Año Sin Respuestas

Laguna Larga

El 2 de junio de 2017, alrededor de 150 familias de la comunidad Laguna Larga, ubicada en Laguna del Tigre, del municipio de San Andrés Petén, se vieron obligadas abandonar sus hogares, después de conocer que al día siguiente estaba programado un operativo masivo para desalojarlos de la comunidad donde vivían desde 2003.

Usando el argumento que la zona está designada como una “área protegida,” el Estado organizó un contingente de más de 1500 efectivos de la Policía Nacional Civil y Ejército, acompañado por varias instituciones estatales, para expulsar a las familias del lugar.

Las familias de Laguna Larga se llevaron solo parte de sus pertenencias y se establecieron en el limite fronterizo entre Guatemala y México. Montaron champas con nylon y palos. Las comunidades fronterizas de Chiapas fueron las primeras en manifestar su solidaridad y apoyar a las familias desplazadas, seguidos de organizaciones como la Cruz Roja Internacional y Voces Mesoamericanas. Las alertas por crisis humanitaria se despertaron a nivel nacional e internacional.

Una casa saqueada por el Estado
Las pertencias dejadas por una familia forzada a huir

El 10 de junio de 2017, las organizaciones no gubernamentales de México: Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C., la 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, A.C. y Resistencia Civil de Candelaria, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- Medidas Cautelares a favor de la comunidad de Laguna Larga.

Un mes después, el diputado al Congreso de la República, Leocadio Juracán, conformó una Comisión de Verificación e Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad Laguna Larga, integrada por la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Defenders Project y la senadora española Sara Vilá.

Esta Comisión en su informe certificó que la comunidad enfrenta una crisis humanitaria, que puede llegar a convertirse en un desastre humanitario si no se toman las medidas necesarias. Afirmó que el desalojo se irrespetó a los estándares internacionales y a las garantías del debido proceso. Señaló que las autoridades contravinieron una orden del Juez de Paz del municipio de San Benito Petén, quien había prohibido expresamente la destrucción de infraestructura. La Comisión al llegar al lugar en donde estaba la comunidad observó la destrucción de viviendas, saqueo de las iglesias y ocupación de la escuela construida por la comunidad.

Una casa quemada de Laguna Larga
Las cenizas de una casa quemada en la comunidad de Laguna Larga

En la visita in loco que la CIDH hizo a Guatemala en el mes de agosto de 2017, una comisión visitó a la comunidad desplazada y pudo observar la grave situación en la que se encontraba la población. Verificó también los daños y destrucción ocasionados en la comunidad por el ejército y la policía.

El 8 de septiembre la CIDH otorgó las Medidas Cautelares a favor de las familias, solicitando al Estado de Guatemala que tomara las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal de las familias desplazadas, las condiciones sanitarias y de salud, la alimentación y agua potable, así como vestimenta y vivienda adecuada al clima en el que se encuentran. Así también que se garantizara su seguridad. La CIDH instó al Estado continuar con los diálogos y consultas correspondientes con la comunidad para alcanzar una solución duradera para su situación de vulnerabilidad.

Desafortunadamente, los procesos de diálogo con el Estado no han producido resultados favorables para las comunidades. Desde 2016, como contrapropuesta frente a las amenazas constantes de desalojos, las comunidades, Laguna Larga junto con más de 40 comunidades ubicadas en la Sierra Lacandón y Laguna del Tigre, presentaron al Estado una “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible”, que buscaba regular su permanencia en el territorio con el compromiso, entre otros, de ser ellos los protectores de la naturaleza.

Las comunidades presentaron su propuesta en el Congreso de la República y la entregaron a las diferentes instituciones con quienes se buscaba analizarla, discutirla y buscar en conjunto una salida definitiva a la problemática que enfrentan. Se inició entonces un proceso de diálogo, pero sin producir ningún acuerdo. El desalojo de Laguna Larga se da sin que la mesa de dialogo había concluida, demostrando así la falta de voluntad del Estado para buscar soluciones negociadas con las comunidades.

Una víctima inocente de Laguna Larga
¿Que pasarán con las y los niños de Laguna Larga?

A un año del desplazamiento forzado de las familias de Laguna Larga, éstas continúan sin tener respuestas concretas por parte del Estado de Guatemala. El gobierno continúa incumpliendo las Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. Mientras, la situación de las familias se mantiene en situación crítica y de alto riesgo, subsistiendo y sobreviviendo por el apoyo solidario de la sociedad civil de México y Guatemala.